RECORDEMOS LA REALIDAD POLÍTICA COLOMBIANA

GENOCIDIO POLÍTICO:
EL CASO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN COLOMBIA^*


Por Iván Cepeda Castro ^**

Resumen
Este artículo presenta un análisis del exterminio sistemático del movimiento político colombiano Unión Patriótica y la búsqueda de verdad y justicia por parte de víctimas y familiares. El autor señala tres rasgos centrales de la persecución sistemática e intencional sufrida durante dos décadas por este movimiento y que son la base para proponer que sea tipificado como genocidio por razones políticas. A partir de la documentación de la verdad jurídica e histórica de este caso --realizada por las víctimas, sus familiares, sobrevivientes del movimiento político y organizaciones de derechos humanos-- se da cuenta del orden y el sentido de la criminalidad masiva contra líderes, afiliados o simpatizantes, y de la impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos de los miembros del grupo. Finalmente, el texto destaca la importancia de las políticas de reparación, que en este caso, además del resarcimiento individual, debe trascender a transformaciones del sistema político en Colombia.

Palabras Claves
Colombia, Unión Patriótica, Genocidio Político, Paramilitares, Criminalidad Masiva, Memoria Colectiva, Derechos Humanos, Verdad, Justicia, Reparación Política.

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El genocidio practicado contra el movimiento político colombiano Unión Patriótica (UP) se inscribe en el proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo. Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social. Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos y movimientos de oposición, e incluso contra los partidos políticos que han ejercido tradicionalmente el poder. La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha operado continuamente en la historia contemporánea del país, y ha impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de una participación realmente democrática¹. No obstante, lo sucedido con la UP y el Partido Comunista Colombiano --su componente mayoritario-- tiene rasgos sobresalientes y específicos.
 
La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
 
Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados². En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años. 

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Un Frente Popular está tomando forma contra el neocolonialismo y la militarización en Haití

Una Plataforma que se construye en Haití, contra la destrucción que ha generado este modelo Neoliberal, que ha garantizado solo hambre y muerte para nuestros pueblos. Una interesante experiencia para observar en el marco de la construcción de nuestra Plataforma Usme.

Entrevista con Camille Chalmers, director de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo

Puerto Príncipe, la ciudad totalmente destrozada, poco a poco se levanta con grandes sacrificios de su gente noble y luchadora. 

Pasamos por un cementerio donde el buldózer esta sacando ataúdes, tumbando lápidas, mausoleos y pequeñas cruces que muestra que hasta en el lugar del eterno descanso existe las diferencias de clases pero ante la furia de Pacha Mama no hay nadie que se salva.

¿Se acabó el 12 de enero 2010 la dura lucha del pueblo haitiano para un nuevo futuro en donde la esclavitud moderna no existe? No, subraya Camille Chalmers, representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo, PAPDA, que es un veterano en la lucha política de los movimientos sociales en Haití. Con él conversamos una mañana acerca de las perspectivas en la isla caribeña.

DICK EMANUELSSON: Primero que nada, muchas gracias Camille por recibirnos, sabemos que el trabajo que hacen ustedes es muy valioso y cuéntanos en grandes rasgos ¿cuándo fue fundada la organización, qué carácter tiene y cuál es la meta del PAPDA?

Camille Chalmers (CCh): – Muchas gracias, es un gran placer de estar con usted.

La PAPDA es una coalición de organizaciones sociales, movimientos sociales, redes, cuyo objetivo principal es trabajar sobre las políticas públicas. No solamente hacer conocer sino difundir la información hacia la población del contenido y las consecuencias de las políticas públicas.

Cuando fuimos creados en el 1995 el enfoque principal era entender la globalización y cuáles van a ser las consecuencias para el país de los Acuerdos Internacionales, de los compromisos con la OMC (Organización Mundial de Comercio), de los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, etcétera.

La idea de difundir y hacer entender el contenido de las políticas, criticarlas pero también hacer propuestas alternativas construidas con la gente a partir de su experiencia, de sus ensayos, fracasos y también a partir de un red de economía solidaria que tenemos aquí. Donde la gente trata de solucionar sus problemas cotidianos a partir de una lógica que no es la lógica capitalista de acumulación que conocemos.

O sea que es promover un nuevo país a partir de la energía de su creatividad de su pueblo y oponiéndonos a la dominación imperialista y al control de los recursos haitianos por intereses de la oligarquía local y del imperialismo.

Actualmente nos enfocamos en varias áreas temáticas como la deuda externa, soberanía alimenticia, la democracia participativa y la integración que son los cuatro ejes que trabajamos. Dentro de PAPDA hay movimientos feministas, ambientalistas, movimientos de jóvenes, campesinos, tratando de complementar sus visiones, sus propuestas para realmente ir hacia un desarrollo participativo.

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Sep 2010 - 10:00 pm

Trascendental sentencia de la Corte Constitucional

Sí a la objeción de conciencia

Tomado de Elespectador.com

Por: Redacción Judicial

El alto tribunal dio a conocer fallo en el que admite que por tutela es viable invocar la objeción al servicio militar. La sentencia se había demorado por salvamentos de voto. El Congreso quedó conminado a regular el tema.

Foto: Diana Sánchez - El Espectador

Cada año entran a las Fuerzas Militares colombianas cerca de 130 mil jóvenes que han cumplido la mayoría de edad.

 

Once meses después de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la objeción de conciencia frente al servicio militar, en 111 páginas quedó consignada una sentencia que abre un nuevo capítulo en esta persistente aspiración de un gran número de ciudadanos. En dicho fallo se determina que, en adelante, por vía de tutela, el objetor de conciencia puede buscar el amparo de sus derechos, al tiempo que el Congreso quedó conminado a regular esta opción personal. Esta controversia se inició desde abril de 2009 cuando dos ciudadanos demandaron ante la Corte Constitucional un artículo que alude al servicio de reclutamiento y movilización para la prestación del servicio militar, pues en su criterio se omiten, entre las exenciones para prestarlo, a los objetores de conciencia. En cambio se admite que los indígenas que residan en su territorio y los limitados físicos y sensoriales permanentes sí están exentos de prestar el servicio militar.
La demanda suscitó una intensa controversia con los más variados argumentos. Así como el Ministerio de Defensa reclamó que no puede existir dicha objeción de conciencia pues equivaldría a desatender un deber social; la facultad de derecho de la Universidad Eafit dejó sentado el argumento clave que luego acogió la Corte: “La omisión de regular la objeción de conciencia al servicio militar constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad de conciencia”.
El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, (DeJuSticia) desestimó el argumento de que la Asamblea Constituyente de 1991 no le dio validez al tema de la objeción de conciencia y, por el contrario, aportó un minucioso seguimiento a la forma como este tema fue debatido, al punto que llegó a probarse, en primer debate, la opción del servicio social, civil o ecológico para quienes no prestaran el servicio militar.
En otras palabras, DeJuSticia expresó que la no aprobación explícita de la objeción de conciencia al servicio militar fue un hecho muy ambiguo, pero del cual no puede desprenderse la voluntad de los ciudadanos por esta posibilidad, que debería generarse a partir de una ley. Un argumento similar al que presentó la Procuraduría, que también llamó la atención sobre la omisión legislativa respecto al tema.
A su vez, la Comisión Colombiana de Juristas demostró como no sólo existe una creciente tendencia en el derecho internacional a desarrollar la objeción de conciencia al servicio militar, sino que en países como Alemania, Dinamarca, Brasil, Paraguay, Ecuador, Rusia, Serbia, Suiza o Estados Unidos, esta opción es posible, con diversos regímenes de servicio militar obligatorio o voluntario.
Después del prolongado debate, la Corte Constitucional encontró que la posibilidad de presentar una objeción de conciencia se puede supeditar a la valoración de cada caso concreto, pues de todas maneras la falta de previsión del poder legislativo sobre esta materia no puede ser un obstáculo para la protección de tal derecho. Y acoge el argumento de DeJuSticia en el sentido de que la Constituyente de 1991 nunca rechazó la propuesta de incluir la garantía de la objeción de conciencia al servicio militar.
De tal manera que en su sentencia, la Corte deja en claro que si las convicciones o creencias que se invoquen para reclamar la objeción de conciencia son “profundas, fijas y sinceras”, éstas deben ser protegidas por los jueces de tutela. Y cuando se habla de profundas es que afecten de manera integral la vida y forma de ser de la persona; fijas quiere decir que no se puedan modificar rápidamente, y sinceras que se demuestren en los hechos. Así, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven, en riñas escolares, desvirtuaría su sinceridad.
Como existe una omisión legislativa en la materia y no se han regulado aspectos como el servicio social alternativo, en adelante los jóvenes pueden plantear su derecho a la objeción de conciencia al servicio militar por vía de tutela. Y básicamente tendrán que probar que una persona no está obligada a actuar contra su conciencia o creencias, demostrando con argumentos y conducta que cumplen las condiciones para que se les reconozca como objetores al servicio militar.
De manera complementaria, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a regular este crucial aspecto de la sociedad contemporánea, definiendo no sólo las condiciones en que procede la protección de este derecho, sino las alternativas que se puedan ofrecer a los objetores de conciencia para que tengan otra opción de cumplir con sus deberes constitucionales con la patria sin tener que desconocer sus convicciones o creencias personales y religiosas.

Normas del servicio militar en Colombia

La Ley 48 de 1993 señala que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas” y que “todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad”.
Sin embargo, quienes reprueben el examen de aptitudes psicofísicas quedan exonerados de prestar el servicio. Lo mismo ocurre para quienes sean los que sostengan económicamente a su familia o a los que por sorteo no tengan que enlistarse.

• Redacción Judicial | EL ESPECTADOR

QUE SIGNIFICA SER POBRE EN BOGOTÁ?

¿Qué significa ser pobre en Bogotá?

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Por: Magda Páez Torres, Unimedios
Restricciones en el mercado laboral, peor atención en salud, más altas tasas de discapacidad y muerte temprana. Panorama de la inseguridad social en la capital del país. Aunque la Emergencia Social fue una oportunidad para hacer manifiestos los problemas que enfrentan los usuarios del sistema de salud, parece haber sido solo un tema “de moda”, frente a una problemática que no se detiene y exige ajustes por parte del Gobierno.

Bogotá es un retrato de la inequidad que sufre la población, especialmente la más vulnerable. Un estudio del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, muestra cómo la posición social determina el acceso y la atención, la esperanza de vida y las probabilidades de tener más o menos enfermedades.

Los niños de las familias más vulnerables son uno de los grupos afectados por la inequidad en la capital. El estudio encontró, por ejemplo, que la prevalencia en bajo peso al nacer es mayor para los hijos de madres afiliadas al régimen subsidiado: mientras en el contributivo el porcentaje fue de 4,8, en el subsidiado se acercó al 6%.

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Del Bolívar de Karl Marx al marxismo bolivariano del siglo XXI

De las lecturas necesarias...


06-09-2010

Del Bolívar de Karl Marx al marxismo bolivariano del siglo XXI

Néstor Kohan
Rebelión


¿Adónde irá Bolívar? ¡Al brazo de los hombres


para que defiendan de la nueva codicia,


y del terco espíritu viejo, la tierra


donde será más dichosa y bella la humanidad!


(José Martí Discurso del 28 de octubre de 1893)




Les repitió por milésima vez la conduerma de que el golpe mortal


contra la integración fue invitar a los Estados Unidos


al Congreso de Panamá, como Santander lo hizo por su cuenta y riesgo,


cuando se trataba de nada menos que de proclamar la unidad de la América.


(Gabriel García Márquez "El general en su laberinto")

Un bicentenario para repensar sin miedo

Cuando en 1989 se cumplió el bicentenario de la Revolución francesa la cultura política europea rememoró antiguos debates postergados. Las urgencias políticas del momento no dejaron margen a la serenidad. ¡Había que liquidar con premura y caiga quien caiga toda huella de pensamiento crítico! La bochornosa caída del muro de Berlín prometía arrasar con cualquier proyecto de emancipación radical que pretendiera ir más allá del límite histórico alcanzado por la Revolución francesa de1789 (revolución que, dicho sea de paso, no era concebida de manera integral como habían sugerido las investigaciones de Albert Soboul y otros clásicos de la historiografía marxista sino que incluso era reducida a la caricatura del denominado “ terror jacobino” 1 ).

Dos décadas después de aquella celebración europea que pretendía enterrar definitivamente a Karl Marx bajo el polvo y los escombros de esa pared caída en Berlín, las piruetas del calendario remiten ahora a otra fecha histórica, centrada en esta oportunidad en América Latina. En este nuevo bicentenario del año 2010 nos encontramos cara a cara con el inicio en 1810 de la independencia continental frente al colonialismo europeo 2 . Nuevamente afloran numerosos debates políticos e interrogantes teóricos postergados donde la discusión sobre el pasado nos sugiere repensar el horizonte presente y futuro. 


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